Las residencias “son hoy los lugares más seguros para protegerse de la pandemia”, afirma Cinta Pascual, presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). Lo que no deja de ser una paradoja tras el drama vivido en esos centros, donde se estima han muerto más de 30.000 personas en el último año. Es casi la mitad del total de vidas cobradas por esta pandemia hasta la fecha en España. “La vacuna ha sido el punto de inflexión”, recalca Pascual. Los contagios y muertes se han reducido casi a cero en los geriátricos, ahora apenas hay usuarios ingresados en hospitales y las puertas vuelven a estar abiertas para nuevos ingresos.
Podría decirse que se ha pasado página en el drama de las residencias, sí. Pero eso no borra de la memoria los estragos vividos en los asilos. Y si hay que mirar atrás en el tiempo, la primera pregunta obligada es: ¿Por qué la factura en vidas ha sido tan alta en las residencias?
Un interrogante al que Andrés Rueda, presidente de la Asociación de Directores de Centros y Atención a la Dependencia (ASCAD), añadiría otra pregunta: ¿Lo que nos ha pasado en los geriátricos tiene relación con cómo afrontó el país esta crisis sanitaria? Rueda lo tiene claro: “nuestras administraciones no tuvieron la valentía ni el coraje, viendo lo que ocurría ya en otros países, de anticiparse a este drama con medidas preventivas”. Y esa falta de reacción propició que la covid se cebara especialmente con las personas más vulnerables; las que viven en los geriátricos.
“No ha sido un año, han sido 365 días, y lo que es peor, 365 noches muy largas, tristes y solitarias, las que hemos vivido en las residencias”, lamenta Juan Ignacio Vela, presidente de Lares, grupo con un millar de geriátricos repartidos por España, con 54.000 usuarios.
“El personal de las residencias nos sentimos desamparos desde el primer día y nos quedamos solos, ya que ninguna administración tomó prevenciones (sabiendo que la covid estaba golpeando a las personas institucionalizadas en otros países con mucha dureza) ni adoptaron medidas sectoriales para evitar la tragedia”, critica Andrés Rueda. “En esas interminables 365 noches con muchas lágrimas hemos visto morir a personas que queríamos, hemos compartido dolor, tristeza y mucha soledad. Hemos sido testigos de enfermedad, desamparo y abandono. Hemos padecido la discriminación del sistema sanitario. Hemos visto a los profesionales desbordados, contagiados y enfermos. Hemos trabajado sin material de prevención adecuado…”. El resumen, de Juan Vela, lo dice todo.
“La pandemia provocó una crisis sanitaria sin precedentes ante la que las residencias no pudieron hacer nada”, afirma Cinta Pascual. No había, ni llegaron en los momentos más críticos, equipos de protección. “Muchos profesionales enfermaron por la escasa coordinación sociosanitaria y, lo más grave, fallaron las derivaciones hospitalarias. A los usuarios se les negó el acceso a la sanidad pública”, recalca Pascual. Con las residencias inmunizadas gracias a la vacuna ha llegado el momento de mirar al futuro y poner en práctica lo aprendido con esta dolorosa lección. “Igual tendríamos que olvidar, tras esta experiencia, el concepto clásico de residencia y empezar a hablar de centros de atención a la dependencia. Hay que avanzar y plantear unidades de convivencia adaptadas a sus residentes, crear espacios amables que sustituyan el hogar sin que los usuarios pierdan sus derechos o dignidad”, aconseja Andrés Rueda.
Para conseguir ese objetivo, donde la coordinación sociosanitaria es innegociable, “necesitamos más dinero”, apunta Cinta Pascual. “En el caso de Catalunya –continúa– hay que doblar el presupuesto hasta llegar a los 3.000 millones anuales en la partida en atención a la dependencia, y en el conjunto de España es un imperativo llegar al 2% de inversión del PIB si queremos tener un modelo de atención a la gente mayor adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía”.
María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora para Familiares de Residencias 5+1, alerta de que las administraciones “no han aprendido la lección”. Y añade: “hablan mucho, pero hacen muy poco”. Para esta coordinadora, que representa a familias de usuarios, “el problema más grave de las residencias es la endémica falta de personal, con unas ratios establecidas en el 2010 absolutamente insuficientes para atender dignamente a los residentes, que hoy son infinitamente más dependientes”.
Desde Lares comparten que las cosas no cambiarán “sin una mayor profesionalización del sector de cuidados y la atención personal”. Esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto, como nunca, la precariedad laboral en el sector de las residencias. “Difícilmente se puede prestar el cuidado adecuado a las personas residentes cuando una sola enfermera tiene entre 50 y 100 personas a su cargo y, otros muchos centros, ni siquiera cuentan con personal de enfermería”.
Esa precariedad laboral impera en un sector con poca implicación pública, más preocupado por el negocio que el bienestar de la gente mayor. En España hay 5.358 residencias y el 71% de esos centros son privados. “Hay que acabar con este modelo hotelero y mercantilista, que convierte esos equipamientos en un aparcamiento de ancianos”, clama María José Carcelén.
La pandemia ha reabierto también el debate sobre si hay que medicalizar o no las residencias. “Esta idea no despierta simpatías entre los profesionales del sector, ni probablemente entre los residentes, que no querrían ver su hogar convertido en un hospital”, augura el presidente de Lares.
Pero sí que se pide desde el universo de los geriátricos un protocolo claro de colaboración entre esos centros y todo el arco del sistema sanitario público en aras a garantizar la atención médica de las personas mayores cuando dejan sus hogares para ingresar en una residencia. Algo que ha fallado estrepito-samente en esta pandemia, como si esas personas hubiesen perdido su derecho a la sanidad pública. Muchas de esas 30.000 ancianas y ancianos muertos en los asilos no pisaron el hospital. Javier Ricou
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